Por La Opinión Popular - 05-10-2024 / 19:10
PANORAMA POLÍTICO PROVINCIAL
Jubilados entrerrianos: nuevas víctimas del ajuste neoliberal
El seguidismo acrítico del neoliberal Frigerio para con Milei quedó en evidencia la semana pasada cuando el gobernador excluyó a los jubilados y pensionados de Entre Ríos del pago de un bono de 120.000 pesos. Le otorgó esa suma sólo para los activos, como si los jubilados y pensionados provinciales no sufrieran la inflación y la pérdida del poder adquisitivo en sus escasos haberes. Es innegable que a Frigerio no le interesan los 64.000 jubilados y pensionados de la provincia.
PANORAMA POLÍTICO PROVINCIAL
Jubilados entrerrianos: nuevas víctimas del ajuste neoliberal
El ajuste neoliberal libertario que Javier Milei impone al país y el porteño Rogelio Frigerio imita en la provincia, se ensaña con los jubilados, cuyos haberes están en su más bajo nivel desde la crisis del 2001, mientras crece el número de los adultos mayores que intentan volver a trabajar para sumar ingresos, en una muestra cabal de la diferencia abismal que existe entre los beneficios previsionales y lo que cuesta vivir hoy en el país. El superávit fiscal del que se jacta Milei, y Frigerio celebra, es posible gracias al recorte brutal en haberes previsionales, además de saqueos de la Nación al interior federal, como la obra pública, el traspaso de fondos, el Fonid, etc.
En ese sentido, el seguidismo acrítico del neoliberal Frigerio para con Milei quedó en evidencia la semana pasada cuando el gobernador excluyó a los jubilados y pensionados de Entre Ríos del pago de un bono de 120.000 pesos. Le otorgó esa suma sólo para los activos, como si los jubilados y pensionados provinciales no sufrieran la inflación y la pérdida del poder adquisitivo en sus escasos haberes. Es innegable que a Frigerio no le interesan los 64.000 jubilados y pensionados de la provincia.
La oferta de Frigerio es inconstitucional. Puntualmente, el inc. d) del art. 82 de la carta magna provincial dispone: "... Todo incremento salarial, otorgado a partir de la presente Constitución, deberá estar sujeto a aportes y contribuciones". El mandato constitucional es claro: todo incremento salarial a partir de la reforma de 2008 debe ser "en blanco", con aportes y contribuciones, y, por lo tanto, trasladable como aumento a los jubilados provinciales. Nunca en la historia que llevan las paritarias se materializó una propuesta con un monto que lo prohíbe la propia Constitución. Ofrecer un bono en un ámbito paritario, donde lo que allí se homologa tiene fuerza de ley, es un paso que no se había dado jamás. El anuncio de dos paros de 48 horas y una movilización provincial, fueron la repuesta de AGMER.
Este ajuste de Frigerio se da en un marco en el que los jubilados perdieron en el semestre el dinero que se comió la inflación generada por la feroz devaluación del 118 por ciento que implementó Luis "Toto" Caputo. De ahí que la Canasta Básica Total, que marca el límite de la pobreza, a valores de junio, es de 873.169 pesos. Y actualmente, según los datos del INDEC, el 50 por ciento de la población está por debajo de esos ingresos. En los jubilados, la situación se agrava por los costos elevados en el rubro salud, que implica gastos de medicamentos, tratamientos médicos, etc.
Ningún hogar entrerriano debería tener ingresos por debajo de la Canasta Básica Total, cuyo monto no incluye alquiler, con lo cual lo que necesita una familia para no ser pobre está por encima del millón de pesos. Que la mitad de los jubilados tengan ingresos paupérrimos, que a veces no alcanzan los 300.000 pesos, es una vergüenza que recae en los gobiernos que no atienden la situación de los jubilados y jubiladas, en particular de quienes perciben haberes mínimos.
Hasta ahora, lo único que hizo Frigerio en el tema fue incrementar el aporte de los estatales y docentes a la Caja de Jubilaciones, algo que fue rechazado por los gremios. Subió, a partir de julio, las contribuciones en un 3%. Así, el descuento a los trabajadores, para sostener el sistema previsional, pasará del 16 al 19 por ciento. De este modo buscó anticiparse al pedido de Milei de que los gobernadores hagan "los deberes del ajuste" en lugar de reclamar los fondos que se les adeuda a la provincia.
Los gobernadores de la Región Centro, Frigerio (Entre Ríos), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba) amagan con una ofensiva conjunta para reclamarle a Milei que pague la deuda previsional con las provincias que no traspasaron sus cajas jubilatorias a la Nación, luego de que Milei cediera ante el reclamo del primo Macri para que la Nación pague a la CABA el fallo por la coparticipación. Hay otras 10 provincias que tampoco traspasaron sus cajas jubilatorias a la Nación y que podrían sumarse al planteo. Por ahora, el reclamo está en veremos. Es "animémonos y vayan".
Es el FMI quien viene exigiendo que se jubile menos gente y que los jubilados cobren menos. Entre la población en edad de jubilación (60 años para las mujeres y 65 para los varones), se estima que en Argentina hay 6,5 millones de habitantes, casi el 14 por ciento de la población total. Al compás de las orientaciones del FMI, el gobierno libertariano anuncia su intención de aumentar la edad jubilatoria: a 65 años para las mujeres, y para los varones ¡a 75 años! Más allá del incremento en las expectativas de vida, que son reales y que configuran un problema para los sistemas previsionales, pretender que un trabajador se jubile a esa edad es criminal. Si comenzó su vida laboral a los 25, quiere decir que habrá aportado (si es un trabajador formal), ¡50 años!
Además, los falsos "igualadores" libertarianos piensan que está bien que la edad jubilatoria de las mujeres sea la misma que la de los varones, pero esa artificial equiparación significa negar la doble jornada laboral que pesa sobre los hombros femeninos. Las tareas de cuidado, que incluye el trabajo doméstico en el hogar, la crianza de los niños, la atención de personas con discapacidad y adultas mayores, etc., recaen generalmente sobre las mujeres, y ese trabajo no es registrado ni remunerado.
Las moratorias previsionales, que los anarco capitalistas atacan, son mecanismos, aprobados por el Congreso, que permiten jubilarse a las personas que, llegado a la edad correspondiente, no suman aportes requeridos para acceder al beneficio. No es un mecanismo gratuito, tampoco es un "gasto" del Estado que no tenga sentido. Es el reconocimiento al trabajo precario, informal, que en la Argentina representa casi la mitad de la fuerza laboral.
No es gratuito porque quienes se acogen a la moratoria, pagan la diferencia de los aportes faltantes con descuentos en sus haberes, durante el tiempo necesario para completarlos. Los detractores de las moratorias aducen que para esas personas existe la Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM), pero ese haber es inferior al de la jubilación y se alcanza a los 65 años, con lo cual implica un aumento de 5 años en la edad jubilatoria de las mujeres.
Pero hay algo peor, jubilados que deben volver a trabajar, porque con lo que ganan no pueden vivir. Según datos oficiales del cuarto trimestre de 2023, de 19 millones de personas ocupadas (formal e informalmente) dentro de la población urbana de Argentina, un 4,4 % eran mayores de 65 años, buena parte de ellos jubilados. Así, de 10,6 millones de personas con ocupación formal, 927.405 son mayores de 60 años y, dentro de ellos, 329.716 son trabajadores que ya cobran una jubilación. La situación se agrava porque hay un número mayor de jubilados que trabajan en la informalidad, con changas o cuentapropistas, para sumar algunos magros ingresos.
Viejos "meados", calificó con grosería y crueldad Milei a las personas adultas mayores, en una confesión horrible de la valoración que le merece quienes han trabajado toda una vida, recompensados muchas veces con haberes de miseria. No se trata solo de aquellos que hicieron aportes durante el tiempo estipulado por la ley, pues hay muchos que no los tienen por haber trabajado en la informalidad, en empleos precarios, o porque sus patrones no se los hicieron, etc.
En otras épocas semejante calificación hubiera constituido un escándalo, digno de ser denunciado ante el Inadi (hoy desmantelado) y también repudiado por la opinión pública. Pero lamentablemente los grandes medios y los periodistas "amigos" (o "ensobrados", como los llamaba antes Milei) ocultan estas agresiones y algunos hasta las festejan.
La Opinión Popular