“Un país que destruye la Escuela Pública no lo hace nunca por dinero, porque falten recursos o su costo sea excesivo. Un país que desmonta la Educación, está gobernado por aquellos que pierden con la difusión del saber”. Ítalo Calvino
Cuando Menem indultó al genocida Videla y a sus compinches
El 30 de diciembre de 1990, pocos días después de un nuevo alzamiento carapintada, Carlos Menem firmaba seis decretos que indultaba a los ex miembros de las Juntas de Comandantes condenados en el histórico Juicio a las Juntas de 1985.
El 30 de diciembre de 1990, pocos días después de un nuevo alzamiento carapintada, Carlos Menem firmaba seis decretos que indultaba a los ex miembros de las Juntas de Comandantes condenados en el histórico Juicio a las Juntas de 1985. Jorge Rafael Videla, Emilio Massera, Orlando Ramón Agosti, Roberto Viola, y Armando Lambruschini, quedaron en libertad gracias a los indultos.
También indultó al exministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz procesado por participación en los delitos de lesa humanidad (secuestro y torturas) contra Federico y Miguel Ernesto Guthein. La impunidad decretada por Menem alcanzó al genocida Guillermo Suárez Mason.
El 75 % de los argentinos, de acuerdo con las encuestas de entonces, se oponían a los indultos. Multitudinarias movilizaciones se extendieron en todo el país, y desde Plaza de Mayo marcharon cientos de miles de personas en repudio a estos decretos. Además, en esas mismas movilizaciones se reclamaba: juicio y castigo a todos los culpables. Una bandera que aún hoy sigue en alto.
La Opinión Popular
Genocida Jorge Rafael Videla.
El 29 de diciembre de 1990 el presidente Menem sancionó seis decretos indultando a un nuevo grupo de personas.
-Decreto 2741/90: Indulta a los ex miembros de las juntas de comandantes condenados en el Juicio a las Juntas de 1985 Jorge Rafael Videla, Emilio Massera, Orlando Ramón Agosti, Roberto Viola, y Armando Lambruschini. Indulta también a los militares condenados en crímenes de lesa humanidad Ramón Camps y Ovidio Riccheri. -Decreto 2742/90: Indulta a Mario Eduardo Firmenich, líder de la organización guerrillera Montoneros. -Decreto 2743/90: Indulta a Norma Kennedy, procesada por malversación de fondos públicos. -Decreto 2744/90: Indulta a Duilio Brunello, condenado a inhabilitación absoluta y perpetua por el delito de malversación de fondos públicos. -Decreto 2745/90: Indulta al ex-ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz procesado por participación en los delitos de lesa humanidad (secuestro y torturas) contra Federico y Miguel Ernesto Guthein. -Decreto 2746/90: Indulta al ex militar Guillermo Suárez Mason por delitos de lesa humanidad.
Según los fundamentos de esta decisión que tomó el Poder Ejecutivo buscaban "la reconciliación, el mutuo perdón y la unión nacional". Bajo la "teoría de los dos demonios", volvió a igualar lo actuado por los grupos armados con el genocidio que cometieron las Fuerzas Armadas, con la participación imprescindible de los empresarios que entregaron a los obreros de sus fábricas a los grupos de tareas.
Incluso, en varias empresas funcionaron Centro Clandestinos de Detención. Al día de hoy estos empresarios no fueron condenados. Recién este año fueron condenados gerentes de la Ford.
Fue bajo esta impunidad que surgió la organización H.I.J.O.S., que con su activa participación, junto a sectores de la juventud, "escracharon" los domicilios de los represores que habían actuado en la última dictadura militar. Estos jóvenes sostenían "si no hay justicia, habrá escrache".
Menem no pudo lograr la reconciliación que pretendía con estos indultos.
Anulación de los indultos
Las leyes de impunidad (Obediencia debida, Punto Final e Indultos), continuaron siendo cuestionados por amplio sector de la sociedad que se expresaban, centralmente, en las marchas por el aniversario del golpe.
Cuando en 2003 asume la presidencia Néstor Kirchner, tomó las demandas de los movimientos sociales y democráticos, entre ellos el pedido por la anulación de las leyes de impunidad.
En 2003 el Congreso de la Nación declarara la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, luego, algunos jueces comenzaron a declarar inconstitucionales aquellos indultos referidos a crímenes de lesa humanidad y a reabrir los casos. Lo mismo consideró, tres años después, la Cámara de Casación Penal, máximo tribunal penal de la Argentina.
Después de una serie de fallos y apelaciones, en agosto de 2010 la Corte Suprema de Justicia ratificó las sentencias dictadas por tribunales inferiores, dictando la inconstitucional de los indultos menemistas a los exjefes militares. La Corte basó su fallo sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad.