03:26 | Jueves 21 de Noviembre de 2013 | Entre Ríos
Las claves del modelo ideológico neoliberal del gobierno de Macri
Por Carlos Andujar
Por Carlos Andujar
“Un país que destruye la Escuela Pública no lo hace nunca por dinero, porque falten recursos o su costo sea excesivo. Un país que desmonta la Educación, está gobernado por aquellos que pierden con la difusión del saber”. Ítalo Calvino
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Internacionales - 29-10-2024 / 09:10
29 DE OCTUBRE DE 1988
Masacre de El Amparo: Asesinan 14 pescadores venezolanos alegando que eran guerrilleros colombianos
La Masacre de "El Amparo" fue un hecho acontecido el 29 de octubre de 1988 en Venezuela, en la localidad de El Amparo, donde fueron asesinados 14 pescadores por funcionarios policiales y militares.
La Masacre de "El Amparo" fue un hecho acontecido el 29 de octubre de 1988 en Venezuela, en la localidad de El Amparo, municipio Páez, del estado Apure fronterizo con Colombia, donde fueron asesinados 14 pescadores por funcionarios policiales y militares del Comando Específico "José Antonio Páez" (Cejap), durante el gobierno de Jaime Lusinchi, en una operación denominada "Anguila III", que consistía en la lucha contra grupos subversivos colombianos. Las víctimas totales fueron 16, dos de ellas sobrevivieron.
Esta matanza fue coordinada por los jefes del Cejap el General Humberto Camejo Arias, el Coronel Enrique Vivas Quintero y el Jefe Nacional de Operaciones de la Disip Henry López Sisco. Los efectivos justificaron la acción alegando que los pescadores eran guerrilleros colombianos que posiblemente estarían preparando acciones en el territorio venezolano. Pero, casi la totalidad de las víctimas eran venezolanos sin antecedentes judiciales.
La Opinión Popular
Impunidad del caso
El proceso de investigación del caso se realizó bajo la jurisdicción militar. Los militares se declararon inocentes, sus argumentos fueron que se enfrentaron supuestamente con grupos subversivos declarando así la actuación de legítima defensa.
En este proceso judicial se evidenció, por parte de los fiscales militares y los jueces, una serie de irregularidades con la finalidad de mantener absueltos de culpa a los imputados del hecho. Estos, junto con los autores intelectuales de la masacre y los abogados defensores de los policías y militares entretejieron una red de complicidad y maniobras para garantizar que en cada escala del proceso se crearan condiciones que permitieran dictar un fallo de no culpabilidad a los responsables.
De esta manera, el 29 de abril de 1992 el Consejo Permanente de Guerra de San Cristóbal dictó sentencia y declaró que los 14 pescadores muertos eran integrantes de un grupo subversivo colombiano, que los policías y militares actuaron defendiendo la soberanía del país. El 12 de junio de 1994 esta sentencia fue confirmada por una Corte Marcial. En 1998 los abogados de las víctimas interpusieron recurso de casación contra la sentencia y una nueva Corte Marcial dictó sentencia definitiva de impunidad. Hasta la fecha, ninguno de los acusados han sido detenidos, al contrario, hoy gozan de plena libertad y algunos ocupan altos cargos públicos.
Ante la actuación irregular de los tribunales venezolanos en la jurisdicción militar, el caso de El Amparo fue presentado en 1990 en la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
Las organizaciones de derechos humanos Red de Apoyo por la Justicia y la Paz y el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), con el acompañamiento de las organizaciones internacionales Americas Watch y Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), presentaron una petición en la Comisión. La otra petición fue presentada por Walter Márquez, quien era diputado independiente del partido Movimiento al Socialismo (MAS).
El 10 de agosto de 1990, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos abrió el caso asignándole el número 10.602. El 12 de octubre 1993, la Comisión de conformidad con el artículo 50 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos publicó un informe en el cual se recomendaba al gobierno de Venezuela, para ese entonces al mando de Ramón J. Velásquez, que investigara y sancionara a los autores materiales, intelectuales y encubridores del hecho, a su vez que se indemnizara a las víctimas.
Tanto los fallecidos como los dos sobrevivientes fueron declarados culpables ¡de rebelión militar, al tiempo que se exoneraba al Ejército de toda culpa.
Fuente: Wikipedia
Esta matanza fue coordinada por los jefes del Cejap el General Humberto Camejo Arias, el Coronel Enrique Vivas Quintero y el Jefe Nacional de Operaciones de la Disip Henry López Sisco. Los efectivos justificaron la acción alegando que los pescadores eran guerrilleros colombianos que posiblemente estarían preparando acciones en el territorio venezolano. Pero, casi la totalidad de las víctimas eran venezolanos sin antecedentes judiciales.
La Opinión Popular
Impunidad del caso
El proceso de investigación del caso se realizó bajo la jurisdicción militar. Los militares se declararon inocentes, sus argumentos fueron que se enfrentaron supuestamente con grupos subversivos declarando así la actuación de legítima defensa.
En este proceso judicial se evidenció, por parte de los fiscales militares y los jueces, una serie de irregularidades con la finalidad de mantener absueltos de culpa a los imputados del hecho. Estos, junto con los autores intelectuales de la masacre y los abogados defensores de los policías y militares entretejieron una red de complicidad y maniobras para garantizar que en cada escala del proceso se crearan condiciones que permitieran dictar un fallo de no culpabilidad a los responsables.
De esta manera, el 29 de abril de 1992 el Consejo Permanente de Guerra de San Cristóbal dictó sentencia y declaró que los 14 pescadores muertos eran integrantes de un grupo subversivo colombiano, que los policías y militares actuaron defendiendo la soberanía del país. El 12 de junio de 1994 esta sentencia fue confirmada por una Corte Marcial. En 1998 los abogados de las víctimas interpusieron recurso de casación contra la sentencia y una nueva Corte Marcial dictó sentencia definitiva de impunidad. Hasta la fecha, ninguno de los acusados han sido detenidos, al contrario, hoy gozan de plena libertad y algunos ocupan altos cargos públicos.
Ante la actuación irregular de los tribunales venezolanos en la jurisdicción militar, el caso de El Amparo fue presentado en 1990 en la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
Las organizaciones de derechos humanos Red de Apoyo por la Justicia y la Paz y el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), con el acompañamiento de las organizaciones internacionales Americas Watch y Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), presentaron una petición en la Comisión. La otra petición fue presentada por Walter Márquez, quien era diputado independiente del partido Movimiento al Socialismo (MAS).
El 10 de agosto de 1990, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos abrió el caso asignándole el número 10.602. El 12 de octubre 1993, la Comisión de conformidad con el artículo 50 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos publicó un informe en el cual se recomendaba al gobierno de Venezuela, para ese entonces al mando de Ramón J. Velásquez, que investigara y sancionara a los autores materiales, intelectuales y encubridores del hecho, a su vez que se indemnizara a las víctimas.
Tanto los fallecidos como los dos sobrevivientes fueron declarados culpables ¡de rebelión militar, al tiempo que se exoneraba al Ejército de toda culpa.
Fuente: Wikipedia
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