00:50 | Domingo 08 de Septiembre de 2013 | Entre Ríos
Las claves del modelo ideológico neoliberal del gobierno de Macri
Por Carlos Andujar
Por Carlos Andujar
“Si alguna vez llega el fascismo al poder lo hará en nombre de la libertad”. Thomas Mann, premio Nobel 1940.
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Nacionales - 15-06-2024 / 06:06
LOS ANARCOCAPITALISTAS TRATARÁN DE REVERTIR EN DIPUTADOS LOS PEQUEÑOS CAMBIOS INTRODUCIDOS EN EL SENADO
Ganó el pichuleo mezquino: Las pequeñas concesiones le dieron la Ley Bases y el RIGI al gobierno del Loco Milei
El pichuleo mezquino incluyó cambios en la ley, pero el gobierno ya anunció que tratará de sacarlos cuando sea el debate en Diputados. Y si no lo consigue, enviará nuevas leyes para “privatizar todo lo que haya que privatizar”.
El ensañamiento con los detenidos durante el acto del miércoles en Congreso, unido a la acusación de terroristas, estableció un paralelismo con el lenguaje de las viejas dictaduras, sumado al sarcasmo revanchista de acusarlos de intentar un golpe de Estado.
Fue como si estuvieran burlándose por la estupidez de haberlos votado. Ahora pueden aplicar el proyecto neocolonial y antipopular sin necesidad de recurrir a los militares, como en otras épocas. Llegaron al gobierno votados por muchos de los que sufrirán sus políticas.
Todos los detenidos fueron capturados en las zonas del acto donde no había disturbios. Donde sí los hubo, no se produjo ninguna detención. A la actuación de los infiltrados que incendiaron un automóvil para crear un escenario de violencia, más la captura de 33 manifestantes pacíficos para acusarlos de terrorismo, se sumó la colaboración del fiscal Carlos Stornelli, que fue central en la persecución judicial contra disidentes durante el macrismo.
Fiel a sus antecedentes, Stornelli los acusó de 15 delitos y pidió prisión preventiva, por lo cual la mayoría de ellos fue alojada en cárceles fuera de la ciudad. La supuesta aparición de una granada de gas en poder de uno de los detenidos resultó grotesca en ese cuadro de infiltrados que tras incendiar un automóvil se unían a las filas de los represores, personas detenidas al voleo y acusadas de intentar un golpe de Estado, y diputados heridos en el rostro con gases de gran poder corrosivo.
Ningún efectivo se hubiera animado a agredir de esa forma a los legisladores si no tuviera una orden directa. La ministra Patricia Bullrich dio a entender que ella fue la que dio la orden, al justificarla después en una conferencia de prensa.
Este gobierno, que a través de su vicepresidenta ha justificado las dictaduras y la represión sangrienta, acusó de intentar un golpe de Estado a los manifestantes que estaban ejerciendo en forma pacífica su derecho a expresarse: "Una forma moderna de golpe de Estado que pasa por desgastar al gobierno", dijo desde una ignorancia berreta la ministra Bullrich. Cualquier disidente entra en esa definición propia de golpistas bananeros.
El objetivo es el mismo: desalentar con el miedo a que las personas se expresen con libertad. No hubo ningún atisbo de toma del Congreso, como mintieron con un desparpajo propio del autoritarismo. Ignorancia y salvajismo. Dos cualidades que han ido de la mano de los autoritarios en este país. Son brutos y violentos.
El desproporcionado despliegue policial fue amedrentador desde el principio y se convirtió en provocador cuando impidió la llegada al Congreso de las columnas de los gremios. A partir de ese momento fue imposible el acceso de otras columnas. En la cabeza de todos rondaba el empate en la inminente votación. El gobierno no podía arriesgarse a que una inmensa concentración en la plaza provocara el arrepentimiento de alguno de los votos que habían comprado con concesiones mínimas.
Fue como si estuvieran burlándose por la estupidez de haberlos votado. Ahora pueden aplicar el proyecto neocolonial y antipopular sin necesidad de recurrir a los militares, como en otras épocas. Llegaron al gobierno votados por muchos de los que sufrirán sus políticas.
Todos los detenidos fueron capturados en las zonas del acto donde no había disturbios. Donde sí los hubo, no se produjo ninguna detención. A la actuación de los infiltrados que incendiaron un automóvil para crear un escenario de violencia, más la captura de 33 manifestantes pacíficos para acusarlos de terrorismo, se sumó la colaboración del fiscal Carlos Stornelli, que fue central en la persecución judicial contra disidentes durante el macrismo.
Fiel a sus antecedentes, Stornelli los acusó de 15 delitos y pidió prisión preventiva, por lo cual la mayoría de ellos fue alojada en cárceles fuera de la ciudad. La supuesta aparición de una granada de gas en poder de uno de los detenidos resultó grotesca en ese cuadro de infiltrados que tras incendiar un automóvil se unían a las filas de los represores, personas detenidas al voleo y acusadas de intentar un golpe de Estado, y diputados heridos en el rostro con gases de gran poder corrosivo.
Ningún efectivo se hubiera animado a agredir de esa forma a los legisladores si no tuviera una orden directa. La ministra Patricia Bullrich dio a entender que ella fue la que dio la orden, al justificarla después en una conferencia de prensa.
Este gobierno, que a través de su vicepresidenta ha justificado las dictaduras y la represión sangrienta, acusó de intentar un golpe de Estado a los manifestantes que estaban ejerciendo en forma pacífica su derecho a expresarse: "Una forma moderna de golpe de Estado que pasa por desgastar al gobierno", dijo desde una ignorancia berreta la ministra Bullrich. Cualquier disidente entra en esa definición propia de golpistas bananeros.
El objetivo es el mismo: desalentar con el miedo a que las personas se expresen con libertad. No hubo ningún atisbo de toma del Congreso, como mintieron con un desparpajo propio del autoritarismo. Ignorancia y salvajismo. Dos cualidades que han ido de la mano de los autoritarios en este país. Son brutos y violentos.
El desproporcionado despliegue policial fue amedrentador desde el principio y se convirtió en provocador cuando impidió la llegada al Congreso de las columnas de los gremios. A partir de ese momento fue imposible el acceso de otras columnas. En la cabeza de todos rondaba el empate en la inminente votación. El gobierno no podía arriesgarse a que una inmensa concentración en la plaza provocara el arrepentimiento de alguno de los votos que habían comprado con concesiones mínimas.
La senadora Lucila Crexell cerró de forma penosa el linaje político de la familia Sapag, que contó en sus filas con buenos gobernadores y senadores neuquinos y dos militantes de la JotaPe desaparecidos en la dictadura. Tras emitir su voto a favor de la Ley Bases y el RIGI, espera hacer la valija para asumir la embajada argentina en la UNESCO, en Paris, cargo que le fue concedido por el gobierno, sin formar parte de él.
Hace rato que Crexell abandonó las filas del peronismo. No es el caso del entrerriano Edgardo Kueider. Aunque sigue en el peronismo, se había separado del interbloque de Unión por la Patria. Poco después de su voto junto al oficialismo, se conoció la designación de tres entrerrianos para integrar el Consejo Técnico Asesor de la represa de Salto Grande. El PJ de Entre Ríos se proponía expulsarlo de sus filas.
El otro voto panqueque fue el del senador correntino Camau Espínola, también prófugo del interbloque de Unión por la Patria junto con Kueider.
En realidad, los que pusieron el interbloque al borde de una crisis fueron tres senadores, de Catamarca, Tucumán y Jujuy, que integran el interbloque y que, siguiendo las posiciones de sus gobernadores, votaron contra la ley pero a favor del RIGI.
El pichuleo mezquino incluyó cambios en la ley, pero el gobierno ya anunció que tratará de sacarlos cuando sea el debate en Diputados. Y si no lo consigue, enviará nuevas leyes para "Privatizar todo lo que haya que privatizar".
Los medios corporativos se centraron en los supuestos desórdenes que en realidad fueron provocados por la represión, y no hicieron eje en los contenidos de la norma, que anula derechos de los trabajadores y condena al país a ser testigo pasivo del saqueo de sus riquezas.
Y la cobertura de la votación se centró más en los pocos que dieron vuelta su voto, que en los que se mantuvieron firmes. Es cierto que los que se dieron vuelta provienen del peronismo. Pero es más cierto que la única oposición que abarcó las dos cámaras fue la de Unión por la Patria. En el 2015, los bloques de lo que era el Frente de Todos en Diputados y en el Senado prácticamente se partieron y la oposición al macrismo fue mínima.
En función de esa experiencia fallida, en el 2019, Cristina Kirchner tuvo más protagonismo en la conformación de las listas de legisladores provincia por provincia, con algunas concesiones donde había liderazgos más fuertes.
También aplica el porcentaje de engaño y error en esas designaciones, pero si se compara lo que pasó durante el macrismo y ahora, tras sufrir una derrota electoral más fuerte, los bloques parlamentarios de Unión por la Patria fueron más homogéneos y, de hecho, constituyen la oposición más importante.
Es lógico que el desgaste como consecuencia de una derrota electoral se traduzca en discusiones internas y pases de factura. Esos procesos pueden llevar a un debate falso si no se reconocen las representaciones y se exacerban las diferencias.
La provincia de Buenos Aires se ha convertido en el blanco de las represalias de Javier Milei contra sus opositores. El gobernador Axel Kicillof, que incluso fue impulsado por Cristina Kirchner en 2019 para consolidar el movimiento popular en el distrito más poblado del país, pudo crecer y generar un respaldo importante a su gestión, incluso entre los intendentes que no integran Unión por la Patria.
En estos días, cuando Milei rompía la tradición pacifista del país al afiliar a la Argentina al Grupo Rammstein, aliado de Ucrania en la guerra con Rusia, Kicillof se reunía con el Papa Francisco en Roma.
En contraste con Milei, que metió al país en una guerra cuyas derivaciones todavía son imprevisibles, al igual que hizo en el conflicto de Medio Oriente, el gesto del gobernador bonaerense entronca con la tradición neutralista y pacifista del país.
En ese debate abierto se ponen en tela de juicio las candidaturas presidenciales que se decidieron desde el peronismo a partir del 2015. Más allá de las discusiones menores de poder, el peronismo deberá construir un proyecto de país que dé cuenta de las profundas transformaciones que se produjeron en el mundo y específicamente en Argentina.
Hay nuevos sujetos sociales y nuevas generaciones con nuevas experiencias que expresan nuevos reclamos y nuevos desafíos. Es una resultante que no surgirá de la noche a la mañana.
Por Luis Bruschtein
Fuente: Página 12
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