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                  08:41  |  Martes 26 de Noviembre de 2013  |  Entre Ríos
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Entre Ríos - 13-02-2012 / 12:02
DE REPENTE SE ACUERDAN DE QUE EXISTEN

Ahora, el gobierno convoca a organizaciones ambientalistas por las tierras fiscales

Ahora, el gobierno convoca a organizaciones ambientalistas por las tierras fiscales
Concurrió la Fundación M’Biguá, la primera que lanzó una voz de alerta al que se fueron sumando otras entidades ambientalistas y sociales de ambas orillas y hasta el Senado santafesino. Miembros de la organización estuvieron en Casa de Gobierno junto al Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, y el ministro de Producción, Roberto Schunk.
La ley de tierras fiscales apuntaba a fomentar la explotación agropecuaria privada en las islas, pero eso generó una fuerte controversia entre el gobierno provincial y las organizaciones ecologistas de todo el país.
 
Tras las protestas de ambientalistas que objetaban el uso de agroquímicos, la Legislatura entrerriana derogó la ley luego de un mes de haberla creado, ante la fuerte resistencia que generaba por el hecho de que ponía en riesgo los humedales de las islas del delta entrerriano al permitir el uso de agroquímicos.
 
Después de haber reculado con la polémica ley 10.092, una norma sancionada en 48 horas, sin debate político ni técnico, que se convirtió en una de las leyes más fugaces que se recuerden, el gobernador Sergio Urribarri volvió al punto de inicio el debate sobre el destino de las islas que pertenecen al Estado entrerriano y convocó a todos los sectores que tengan intención de cooperar en un proyecto común.
 
Concurrió la Fundación M'Biguá, la primera que lanzó una voz de alerta al que se fueron sumando otras entidades ambientalistas y sociales de ambas orillas y hasta el Senado santafesino. La Fundación M'Biguá sostuvo que el hecho de abrir una discusión amplia sobre un nuevo proyecto de regulación de usos de tierras públicas "es un camino muy saludable".
 
Más vale tarde que nunca.
 
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Miembros de la organización estuvieron en Casa de Gobierno junto al Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, y el ministro de Producción, Roberto Schunk. "Fijamos unos plazos para sistematizar contenidos y trabajar en un proyecto consensuado con las distintas organizaciones. El gobernador nos instruyó a no esperar un solo día y convocar a todas las instituciones con el fin de empezar a trabajar en un proyecto como el que se planteó originariamente: con sustentabilidad pero que tengamos realmente la posibilidad de a aprovecharlo para las islas, para que no sean usurpadas por cualquiera, inclusive por mucha gente de afuera de la provincia", señaló Schunk.
 
"Vamos a incorporar al debate al INTA, la UNER, la Uader y otros organismos del Estado como Medio Ambiente. Primero nos propusimos ir encontrando toda la documentación para hacer una biblioteca, respecto de todo lo que tenga que ver con el Delta y a partir de ahí hacer la sistematización y la generación de un proyecto de Ley, con el mismo espíritu del anterior, y en concordancia con las distintas instituciones", agregó el funcionario.
 
 
Camino muy saludable
 
Por su parte, Diego Rodríguez, director Ejecutivo de la fundación, manifestó que en su momento "fuimos bastante críticos de la llamada Ley de Arrendamiento de Fiscal de Tierras Fiscales. También nos parecía que cualquier norma que intervenga sobre estos territorios, necesariamente tiene que ser debatida, discutida y tiene que incorporar visiones, no sólo del sector ambientalista sino de sectores que están especialmente interesados por esos territorios".
 
Rodríguez aseguró que "sin duda el hecho de abrir una discusión amplia y transparente sobre un nuevo proyecto de regulación de usos de tierras públicas nos parece que es un camino muy saludable".
 
M'Biguá, es una organización no gubernamental sin fines de lucro, fundada en febrero de 2006, que tiene por objetivo fundamental la generación de iniciativas de sociedades sustentables de manera integral en el ámbito local y regional de conformidad a lo estipulado en la Constitución Nacional.
 
Del encuentro también participaron Raúl Suárez Montórfano; Carina Medina y Alfredo Serra.

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"Ajuste" es una palabra que instaló y puso de moda el burdo léxico del presidente Javier Milei que tiene su propia Guardia Pretoriana y se cree un emperador con poder absoluto. Ese término está prohibido en el vocabulario de los gobernantes provinciales. Rogelio Frigerio prefiere hablar de equilibrio fiscal y reasignación de partidas, mientras evita la palabra más odiada para cualquier político, salvo que sea anarco capitalista.
 
A nivel de gestión, la administración provincial de Frigerio encontró severas dificultades asociadas al feroz ajuste nacional, que no observó diferencias entre envíos optativos y envíos obligatorios a la provincia: el corte fue abrupto y total, al amparo del silencio complaciente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lejos de morigerarse, la discrecionalidad y el centralismo unitario de Milei podrían crecer si tampoco hay presupuesto nacional en 2025.
 
En privado, el mandatario provincial admite que Milei generó un "cambio de época". Con ese convencimiento, revisa los números del presupuesto de su administración para el año que viene, que encima será electoral. En política todo se mide por los resultados. Frigerio tuvo avances y retrocesos en ese recorrido, pero hasta ahora algo le falló en su administración. Le falta gestión. Y tiene que saber que no podrá hacerse cargo de todo lo que Nación deje de hacer.
 
"Para colmo, el año que viene hay que prepararse para vivir con lo propio. No podemos esperar nada del Gobierno nacional, que incluso no quiere que le aprueben el Presupuesto, para tener las manos libres y reconducir el plan de gastos e ingresos de 2023, como ya lo hizo este año", coinciden voceros en la Casa Gris. "No me preocupa que no se apruebe el Presupuesto. Gobernaré con el de 2023. No es mi problema si el Congreso no lo quiere aprobar", afirmó Milei. Y hay como un goce de la crueldad.
 
Aprobar un Presupuesto tiene mucha importancia porque permite responder las siguientes preguntas: ¿Cuál es el destino del gasto? ¿En qué se gasta? ¿Quién gasta? ¿Cuál es el origen de los recursos? Estas preguntas son fundamentales: sin un presupuesto nacional formal, no sólo crecen las chances de un manejo más arbitrario, sino que también disminuye la posibilidad de ejercer un control sobre la forma en que se gasta. El Presupuesto financia el funcionamiento de todo el Estado nacional y contiene las transferencias que se realizan a provincias y municipios.
 
El Presupuesto que presentó Milei ajusta toda la economía en función de pagar la deuda con el FMI cuando los datos sobre la dramática situación social que atraviesa el país indican que un 55 % de población es pobre. Los legisladores nacionales que responden a Frigerio darán su voto al presupuesto de ajuste de Milei a cambio de migajas frente al ahogo financiero al que ya fue sometida la provincia. Buscan la coparticipación de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), certificaciones de obras públicas, pagos de la deuda que Nación tiene con la Caja de Jubilaciones y otras compensaciones. Nadie, en la Casa Gris, está seguro de que después le cumplan.
 
Las relaciones institucionales de Milei y Frigerio son fluidas, pero la convivencia de dos jurisdicciones con objetivos distintos es compleja, sobre todo cuando quien sostiene que el Estado debe desaparecer no sólo mantiene sin cambios la altísima presión impositiva sobre el interior federal sino que absorbe para sí cada vez más recursos y recorta unilateralmente fondos que corresponden a la provincia. Y Frigerio les indica a sus legisladores que amaguen que no van a votar y siempre le votan todo sin chistar.
 

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