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Entre Ríos - 09-02-2012 / 10:02
EL SENADO PROVINCIAL APROBÓ AYER EL TEXTO DE DEROGACIÓN DEL EJECUTIVO

Recule U: Los diputados derogaron la Ley de Explotación de Islas Fiscales

Recule U: Los diputados derogaron la Ley de Explotación de Islas Fiscales
Los diputados derogaron la Ley de Explotación de Islas Fiscales. Foto AIM Digital
Tras la media sanción del Senado, los legisladores de la Cámara Baja provincial aprobaron este miércoles el proyecto de derogación de la Ley Nº 10.092 de Explotación de Islas Fiscales.
 
Durante la sesión, el presidente de la Cámara, José Ángel Allende (FpV-Paraná), tomó la palabra y expresó que "el gobernador pide derogar una ley en la que cree profundamente". Asimismo, manifestó que se "abrirá el juego a todas las personas comprometidas" para estudiar la cuestión.
 
Por su parte, Lisandro Viale (FPCyS-Paraná) sostuvo que "un gobierno popular como éste no necesitaba manejarse de ésta manera", a la vez que consideró que "aparece un gobernador que ni siquiera asume la responsabilidad, sino que la traslada a la Legislatura". Mientras, Agustín Federik (UCR-Paraná) subrayó que "tenemos que pagar el costo político de lo que derogamos. Estamos corrigiendo un error que se cometió y lo debería haber corregido el Poder Ejecutivo".

Diputados derogó la ley de las islas fiscales 
   
Con presencia de organizaciones ambientalistas y políticas en el recinto, la Cámara baja sancionó la derogación de la ley de islas fiscales. 
 
 
Por unanimidad, aunque con argumentos disímiles entre oficialismo y oposición, la Cámara de Diputados sancionó anoche la derogación de la ley de las islas fiscales.
El texto había sido enviado por el Ejecutivo a la Legislatura, tras las críticas que recibió la Ley Nº 10.092. La norma anulada contemplaba un proyecto productivo en esa zona, a través de la concesión de esas tierras a una sociedad anónima creada por la norma, "Arroz del Delta Entrerriano".
 
Alrededor de las 22, con encendidos aplausos, celebraron la decisión de la Legislatura militantes de distintas organizaciones ambientalistas, sociales y partidos políticos que estuvieron presentes en el recinto con banderas reclamando por la protección del delta.
 
 
ARGUMENTOS
 
El diputado Juan Navarro tomó estrictamente los argumentos esgrimidos por el gobernador Sergio Urribarri al fundamental el por qué de propiciar la derogación de la Ley Nº 10.092.
 
"Estamos profundizando acciones que este gobierno ha llevado adelante, que tiene que ver con recuperar un millón de hectáreas", dijo y apuntó a "mafias organizadas" que ocupan el territorio entrerriano. Dijo que la política de recuperación de esos terrenos tiene dos funciones básicas: "la ambiental, sin perder de vista la productiva".
 
A diferencia de las bancadas opositoras, el oficialismo remarcó su "convencimiento" en "el espíritu de la ley" por lo cual tanto Navarro, como luego José Allende, enfatizaron que se insistirá con la idea tras "convocar a las organizaciones que de buena fe" pusieron en duda y cuestionaron el objetivo planteado.
 
Fue clave en el debate la recuperación de la vigencia, a partir de ahora, de una ley anterior, la Nº 9.603, que impedía la fumigación en las islas y contemplaba proyectos productivos que sólo se abocaran a la apicultura, la ganadería o el turismo.
 
El oficialismo aseguró que esa norma recupera su pleno vigor, tal como lo pretenden los ambientalistas con el fin de proteger esos territorios.
 
Allende, al cierre del debate, fue duro contra las voces de las bancadas opositoras, las acusó de subirse a consignas ajenas para "el aplauso de la tribuna", los asoció a la explotación de la soja y la contaminación que trae aparejada y reeditó la consigna oficialista en contra de "los terratenientes" que "se enriquecieron pero hay tres semanas sin lluvia y ya no quieren pagar impuestos".
 
REVÉS. Los socialistas María Emma Bargana, del bloque FAP-GEN; y Lisandro Viale de la bancada del PS, fueron los más duros en contra de la ley derogada. También cuestionaron, junto con el radical Agustín Federik, el modo en que el oficialismo habría clausurado el debate de la polémica ley.
 
Los tres legisladores coincidieron en reclamar al oficialismo una autocrítica en vez de "una descalificación" a los que levantaron la voz para criticar la iniciativa.
 
La posición de Rosario Romero, del FEF, fue en cambio la de saludar que la Legislatura asuma "que hubo un error". Bargagna cuestionó a la gestión provincial por haber propiciado "un proyecto contrario al discurso del gobierno que dice tener como meta la inclusión social". Llamó a "reflexionar acerca de que este viraje en el camino que ahora se ha enderezado se ha logrado por la participación de la ciudadanía a través de sus organizaciones de la sociedad civil".
 
Para Viale, el oficialismo buscó beneficiar a "un grupito de productores grandes" y "se armaron de una ley para darle la administración por cien años". Aseguró que hubo un intento por "tirar las cosas arriba del tapete para ver. Si pasa, pasa. Pero esta se convertirá en la ley más breve de la historia". El socialista criticó que Urribarri, en vez de vetar la norma, derive el tema a las cámaras "llamando a desvotar lo que se votó".
 
Federik, a su turno, subrayó "la mayoría inédita" del PJ en las cámaras y exhortó a que "se advierta que cuanto más es el poder, más se requiere sensatez en las decisiones".
 
Fuente: La Noticia Digital

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"Ajuste" es una palabra que instaló y puso de moda el burdo léxico del presidente Javier Milei que tiene su propia Guardia Pretoriana y se cree un emperador con poder absoluto. Ese término está prohibido en el vocabulario de los gobernantes provinciales. Rogelio Frigerio prefiere hablar de equilibrio fiscal y reasignación de partidas, mientras evita la palabra más odiada para cualquier político, salvo que sea anarco capitalista.
 
A nivel de gestión, la administración provincial de Frigerio encontró severas dificultades asociadas al feroz ajuste nacional, que no observó diferencias entre envíos optativos y envíos obligatorios a la provincia: el corte fue abrupto y total, al amparo del silencio complaciente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lejos de morigerarse, la discrecionalidad y el centralismo unitario de Milei podrían crecer si tampoco hay presupuesto nacional en 2025.
 
En privado, el mandatario provincial admite que Milei generó un "cambio de época". Con ese convencimiento, revisa los números del presupuesto de su administración para el año que viene, que encima será electoral. En política todo se mide por los resultados. Frigerio tuvo avances y retrocesos en ese recorrido, pero hasta ahora algo le falló en su administración. Le falta gestión. Y tiene que saber que no podrá hacerse cargo de todo lo que Nación deje de hacer.
 
"Para colmo, el año que viene hay que prepararse para vivir con lo propio. No podemos esperar nada del Gobierno nacional, que incluso no quiere que le aprueben el Presupuesto, para tener las manos libres y reconducir el plan de gastos e ingresos de 2023, como ya lo hizo este año", coinciden voceros en la Casa Gris. "No me preocupa que no se apruebe el Presupuesto. Gobernaré con el de 2023. No es mi problema si el Congreso no lo quiere aprobar", afirmó Milei. Y hay como un goce de la crueldad.
 
Aprobar un Presupuesto tiene mucha importancia porque permite responder las siguientes preguntas: ¿Cuál es el destino del gasto? ¿En qué se gasta? ¿Quién gasta? ¿Cuál es el origen de los recursos? Estas preguntas son fundamentales: sin un presupuesto nacional formal, no sólo crecen las chances de un manejo más arbitrario, sino que también disminuye la posibilidad de ejercer un control sobre la forma en que se gasta. El Presupuesto financia el funcionamiento de todo el Estado nacional y contiene las transferencias que se realizan a provincias y municipios.
 
El Presupuesto que presentó Milei ajusta toda la economía en función de pagar la deuda con el FMI cuando los datos sobre la dramática situación social que atraviesa el país indican que un 55 % de población es pobre. Los legisladores nacionales que responden a Frigerio darán su voto al presupuesto de ajuste de Milei a cambio de migajas frente al ahogo financiero al que ya fue sometida la provincia. Buscan la coparticipación de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), certificaciones de obras públicas, pagos de la deuda que Nación tiene con la Caja de Jubilaciones y otras compensaciones. Nadie, en la Casa Gris, está seguro de que después le cumplan.
 
Las relaciones institucionales de Milei y Frigerio son fluidas, pero la convivencia de dos jurisdicciones con objetivos distintos es compleja, sobre todo cuando quien sostiene que el Estado debe desaparecer no sólo mantiene sin cambios la altísima presión impositiva sobre el interior federal sino que absorbe para sí cada vez más recursos y recorta unilateralmente fondos que corresponden a la provincia. Y Frigerio les indica a sus legisladores que amaguen que no van a votar y siempre le votan todo sin chistar.
 

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