12:45 | Martes 26 de Noviembre de 2013 | Entre Ríos
Las claves del modelo ideológico neoliberal del gobierno de Macri
Por Carlos Andujar
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“Un país que destruye la Escuela Pública no lo hace nunca por dinero, porque falten recursos o su costo sea excesivo. Un país que desmonta la Educación, está gobernado por aquellos que pierden con la difusión del saber”. Ítalo Calvino
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Entre Ríos - 02-02-2012 / 22:02
EL DIPUTADO SOCIALISTA DE ENTRE RÍOS, LISANDRO VIALE, DIJO QUE SE TRATA DE UNA NORMA HECHA A MEDIDA PARA LOS AMIGOS DEL PODER
El Socialismo de Santa Fe repudia la ley que autoriza la explotación de islas entrerrianas
Para Lifschitz, la sociedad anónima significará la privatización de enormes superficies de humedales y abrirá la posibilidad de una explotación intensa de carácter comercial que generará daños muy importantes en el ecosistema natural y en la biodiversidad de la región.
El senador provincial socialista santafesino, Miguel Lifschitz, anunció que presentará en el la cámara alta de su provincia un proyecto de ley para rechazar la creación de una sociedad anónima que disponga la cesión a grandes empresarios asociados con multinacionales el uso por un siglo de tierras fiscales en Entre Ríos, de acuerdo con la nueva ley 10.092 que aprobó sin debate la legislatura entrerriana.
El diputado socialista de Entre Ríos, Lisandro Viale, dijo que se trata de una norma hecha a medida para los amigos del poder. "Ya veremos que los adjudicatarios serán los que el gobierno piensa que deben ser los ganadores", dijo Viale, que anticipó que hay pocos amigos que harán negocios redondos con las tierras fiscales, que recibirán en concesión por un siglo.
El diputado socialista de Entre Ríos, Lisandro Viale, dijo que se trata de una norma hecha a medida para los amigos del poder. "Ya veremos que los adjudicatarios serán los que el gobierno piensa que deben ser los ganadores", dijo Viale, que anticipó que hay pocos amigos que harán negocios redondos con las tierras fiscales, que recibirán en concesión por un siglo.
El diputado socialista de Entre Ríos, Lisandro Viale, dijo que se trata de una norma hecha a medida para los amigos del poder. "Ya veremos que los adjudicatarios serán los que el gobierno piensa que deben ser los ganadores", dijo Viale, que anticipó que hay pocos amigos que harán negocios redondos con las tierras fiscales, que recibirán en concesión por un siglo, según reproduce AIM Digital.
La Constitución entrerriana dispone que las tierras fiscales sean para fomentar la colonización pero en lugar de cumplir ese cometido, como por ejemplo se piensa hacer en los campos mal habidos por el ex senador Mario Yedro. Pero con las tierras fiscales se propone un negocio privado para muy pocos, que incluso las recibirán con mejoras a cargo de los contribuyentes, que estará a cargo de una sociedad anónima, es decir, una entidad que no tiene control del Estado.
La ley provincial 10.092 autoriza la concesión de la explotación de islas fiscales y puertos entrerrianos, crea la sociedad anónima concesionaria, autoriza endeudar a la provincia hasta 50.000.000 de dólares para realizar las obras de infraestructura que necesite esa sociedad comercial para desarrollar su actividad y se deroga la ley 9603, que prohibía la fumigación en las islas.
La ley que los representantes del pueblo y los departamentos entrerrianos aprobaron si debatir quizá obedeciendo instrucciones alertó no obstante a ecologistas y políticos de la vecina Santa Fe, como Lifschitz, quien adelantó que presentará ante la Cámara Alta de su provincia un proyecto para que la legislatura santafesina rechace la iniciativa y procurará la intervención del ministerio de Aguas santafesino.
Se trata de privatizar los humedales del sur de Entre Ríos, quizá los únicos vírgenes que quedan en el mundo entero, que hasta 2009 estuvieron arrendados pero solo para usarlos para ganadería, apicultura, turismo con prohibición de la agricultura y el uso de agroquímicos y plaguicidas.
La sociedad anónima que crea la nueva ley podrá seleccionar a los explotadores de las islas a través de un concurso nacional, y con un criterio ya dejado de lado por las investigaciones más recientes considera "improductivas" a esas tierras, sin reparar en su productividad biológica y ecológica, que es una propiedad que tiene la naturaleza que hace posible nuestra vida sobre el planeta, que no está diseñado en principio para la actividad solamente económica.
La ley fija como objetivos de la sociedad anónima la administración, transformación, desarrollo, aprovechamiento agroindustrial y explotación comercial de las tierras fiscales.
Para Lifschitz, la sociedad anónima significará la privatización de enormes superficies de humedales y abrirá la posibilidad de una explotación intensa de carácter comercial que generará daños muy importantes en el ecosistema natural y en la biodiversidad de la región.
El legislador santafesino tiene claro que el objetivo es económico y de explotación comercial y agropecuaria de la zona del Delta y que no considera en absoluto el cuidado del medioambiente y la protección de la biodiversidad.
Por otra parte, la observación de que será vetada toda norma que se oponga a ésta, implica el avasallamiento de normas ya establecidas, como el plan de ordenamiento de Victoria que contiene gran parte de las islas fiscales y la propia constitución entrerriana reformada en 2008.
La Constitución entrerriana dispone que las tierras fiscales sean para fomentar la colonización pero en lugar de cumplir ese cometido, como por ejemplo se piensa hacer en los campos mal habidos por el ex senador Mario Yedro. Pero con las tierras fiscales se propone un negocio privado para muy pocos, que incluso las recibirán con mejoras a cargo de los contribuyentes, que estará a cargo de una sociedad anónima, es decir, una entidad que no tiene control del Estado.
La ley provincial 10.092 autoriza la concesión de la explotación de islas fiscales y puertos entrerrianos, crea la sociedad anónima concesionaria, autoriza endeudar a la provincia hasta 50.000.000 de dólares para realizar las obras de infraestructura que necesite esa sociedad comercial para desarrollar su actividad y se deroga la ley 9603, que prohibía la fumigación en las islas.
La ley que los representantes del pueblo y los departamentos entrerrianos aprobaron si debatir quizá obedeciendo instrucciones alertó no obstante a ecologistas y políticos de la vecina Santa Fe, como Lifschitz, quien adelantó que presentará ante la Cámara Alta de su provincia un proyecto para que la legislatura santafesina rechace la iniciativa y procurará la intervención del ministerio de Aguas santafesino.
Se trata de privatizar los humedales del sur de Entre Ríos, quizá los únicos vírgenes que quedan en el mundo entero, que hasta 2009 estuvieron arrendados pero solo para usarlos para ganadería, apicultura, turismo con prohibición de la agricultura y el uso de agroquímicos y plaguicidas.
La sociedad anónima que crea la nueva ley podrá seleccionar a los explotadores de las islas a través de un concurso nacional, y con un criterio ya dejado de lado por las investigaciones más recientes considera "improductivas" a esas tierras, sin reparar en su productividad biológica y ecológica, que es una propiedad que tiene la naturaleza que hace posible nuestra vida sobre el planeta, que no está diseñado en principio para la actividad solamente económica.
La ley fija como objetivos de la sociedad anónima la administración, transformación, desarrollo, aprovechamiento agroindustrial y explotación comercial de las tierras fiscales.
Para Lifschitz, la sociedad anónima significará la privatización de enormes superficies de humedales y abrirá la posibilidad de una explotación intensa de carácter comercial que generará daños muy importantes en el ecosistema natural y en la biodiversidad de la región.
El legislador santafesino tiene claro que el objetivo es económico y de explotación comercial y agropecuaria de la zona del Delta y que no considera en absoluto el cuidado del medioambiente y la protección de la biodiversidad.
Por otra parte, la observación de que será vetada toda norma que se oponga a ésta, implica el avasallamiento de normas ya establecidas, como el plan de ordenamiento de Victoria que contiene gran parte de las islas fiscales y la propia constitución entrerriana reformada en 2008.
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