Control parlamentario a jueces y fiscales

 El Presidente viene advirtiendo -incluso antes de ser candidato- acerca de la imperiosa necesidad de echar luz sobre los oscuros recintos de la justicia en donde se decide sobre la libertad y los bienes de las personas. Los señalamientos al aparato judicial, , sus privilegios y sus oscuras maniobras de lawfare, fueron mencionados en el discurso. El pedido al Congreso para que asuma activamente su función constitucional de "control cruzado" sobre el Poder Judicial ha provocado nerviosismo en "sus señorías".
 
Ahora, el Gobierno defendió "el control cruzado entre los poderes" legislativo y judicial que planteó Alberto Fernández ante el Congreso. Resaltó que busca mejorar el servicio de justicia y descartó cualquier inconstitucionalidad, ya que no se plantea ninguna facultad sancionatoria. Por su parte, el Consejo de la Magistratura investiga las presiones de Mauricio Macri sobre los jueces para manipularlos.
 
A través de la ministra de Justicia, Marcela Losardo, el Gobierno salió a defender la creación de una comisión bicameral como mecanismo control sobre el Poder Judicial. "Lo que hará será estudiar el funcionamiento, hacer propuestas, citar audiencias públicas", precisó. "Lo que no puede arrogarse la bicameral son atribuciones de otros poderes, como las cuestiones disciplinarias (...) no va a poder sancionar jueces, eso no es constitucional", dejó en claro.
 
El presidente del Consejo de la Magistratura, Diego Molea, dijo que respalda mecanismos que "aumenten un seguimiento del Poder judicial con el objetivo de que mejore", y que es sabido que la facultad de sancionar es propia del organismo que comanda.  Mientras sea así, el representante académico dijo que no encuentra ningún aspecto inconstitucional, a contramano de las dudas públicas que sembró la oposición a lo largo de todo el miércoles.
 
Tampoco advierte un ataque o "confrontación" "del gobierno nacional con el Poder Judicial, que sí está en deuda con la sociedad y está en una crisis de legitimidad, no ve realidad ni está a la altura de las demandas sociales".
 
La Opinión Popular
 

 La jueza Marta Cirulli inició el tramo final del proceso de salvataje del Correo Argentino, al considerar que las acciones de la firma valen cero pesos y que su millonaria deuda se debe computar con intereses, lo que el gobierno de Mauricio Macri había intentado evitar mediante un acuerdo abusivo y ruinoso para el Estado. La magistrada anunció que quienes se postularon para el salvataje tienen 20 días para ofertar y lograr el acuerdo de los acreedores.
 
La resolución de la jueza del caso del Correo Argentino inició la cuenta regresiva hacia la posible declaración de quiebra de la empresa de los Macri que intentó licuar su deuda millonaria durante el gobierno de Cambiemos. El texto afirma que el valor de las acciones de la empresa, que está inactiva, es nulo, lo que indicaría que hubo maniobras de vaciamiento tal como denunció la fiscala ante la Cámara Comercial Gabriela Boquín.
 
La firma le debe al Estado 4500 millones de pesos. Si el proceso de rescate no prospera será la controlante Socma --de la familia Macri-- la que deberá afrontar el pago de lo adeudado. En los papeles de la empresa figuran como dueños Gianfranco Macri, Franco Valladares Macri, Rodrigo Valladares Macri, Mariano Macri y Florencia Macri. La posible existencia de maniobras fraudulentas como el vaciamiento, a través de desvíos millonarios hacia sociedades del mismo grupo y empresas amigas, agravan la situación.
 
Pero, además, anuncia que las personas físicas y jurídicas que se postularon para el salvataje de la firma tienen desde ahora 20 días para hacer sus ofertas y conseguir la conformidad de los acreedores, que son cerca de 800, entre ellos el Estado. Mientras esto sucede, los abogados del grupo Macri intentan que intervenga el Tribunal Superior de la Ciudad porteña, que nada tiene que ver con un expediente concursal que tramita en la Justicia nacional. 
 

 A horas de que empiece el nuevo año escolar, la duda es el común denominador. En medio de la carrera por retomar la enseñanza en las aulas, lo único concreto es la fecha: el lunes 1 de marzo se concreta el regreso. Si bien en el gobierno de Gustavo Bordet remarcaron que el retorno al sistema presencial de clases es imperioso, hay quienes cuestionan que en algunos colegios aún no se brindaron precisiones sobre los protocolos y los cronogramas de regreso.
 
Lógicamente, las clases presenciales exponen preocupaciones en materia de seguridad sanitaria. Y se abren muchas preguntas en las familias: ¿serán capaces los niños y los adolescentes de respetar las nuevas condiciones, como el uso de los barbijos o la distancia social? ¿Podrán los empresarios del transporte público garantizar que no haya hacinamiento en las unidades?
 
Aunque hay voces disidentes entre los gremios de docentes, principalmente, es alto el grado de coincidencia entre los que integran el sistema educativo de que no se puede esperar más para reabrir las escuelas. Resulta importante que todos los involucrados hagan el esfuerzo y cumplan su parte, de manera de que la presencialidad pueda llevarse adelante y sostenerse en el tiempo.
 
No obstante, el Congreso de AGMER resolvió realizar un paro de 72 horas a partir del día del comienzo del ciclo lectivo presencial en las escuelas entrerrianas. El paro es para los días 1, 2 y 3 de marzo se suma al del 8 de marzo, en el contexto del Día de la Mujer Trabajadora, y al que se proyectó para los días 11 y 12 de marzo.
 
AGMER rechazó la propuesta salarial del gobierno, que consiste en incorporar el bono de $4000 otorgado el año pasado y otorgar además un incremento del 15%. El gobierno señaló que con esta propuesta los docentes de menores ingresos obtendrán un incremento del 36%, mientras que desde los gremios rebaten este argumento. Otros gremios, como AMET y Sadop, también resolvieron rechazar la oferta. Al respecto, Sadop Entre Ríos dispuso un paro los días miércoles 3 y jueves 4 de marzo, por considerar insuficiente la propuesta salarial. A la incertidumbre de la vuelta a las clases presenciales se le suma el justo reclamo salarial, retroalimentando uno al otro.
 
AGMER sostiene, como medida sindical, "el cumplimiento del trabajo docente bajo la modalidad no presencial, brindando protección gremial a las/os trabajadores que sean convocadas/os a cumplir tareas de forma presencial, en aquellos establecimientos educativos en los que no se cumplan las medidas de seguridad e higiene laboral contenidas en resoluciones acordadas".
 
AGMER considera como imprescindibles las siguientes: Agua corriente y potable segura. Instalaciones eléctricas en buen estado. Provisión de insumos de limpieza e higiene y materiales de bioseguridad necesarios para la aplicación del Protocolo. Baños y red cloacal en condiciones. Iluminación y ventilación adecuadas en aulas, oficinas y otros espacios de trabajo. Personal de limpieza suficiente para garantizar la higiene del edificio escolar. El Gobierno deberá hacerlo.
 
Hay que ser conscientes de que no todas las escuelas podrían comenzar el ciclo lectivo en forma presencial porque tienen problemas edilicios. Los más graves son los de baños y provisión de agua. A medida que vayan solucionando sus inconvenientes, se irán sumando. Es decir, deberían comenzar sólo las escuelas que estén en condiciones de hacerlo. Cuando los chicos vuelvan al aula el sistema educativo debe estar preparado porque siempre responde. El desafío está planteado para cumplir con las expectativas de alumnos, docentes y padres.
 
La Opinión Popular