Las repudiables prácticas partidarias de Emanuel Gainza

 Aunque en Comodoro Py, siempre compasivo con los funcionarios del gobierno anterior, hayan sobreseído a Mauricio Macri en la "causa Ara San Juan" y si bien la protección mediática porteña lo resguarda, todos saben que si algo caracterizó a su gestión fueron episodios en donde se denunció el espionaje ilegal y la persecución a opositores. El espionaje pareciera estar ligado al ADN del PRO y Macri logró vincular esa práctica, que ya lo tuvo como objeto de denuncias de su propia familia, a la política, al menos en lo que al fisgoneo se refiere.
 
Es así que, el dirigente del PRO paranaense, Emanuel Gainza, contó orgulloso que realiza espionaje en sus actos. El ex concejal aspira ser intendente de Paraná por Juntos por el Cambio y relata a quien quiera escucharlo que hace inteligencia sobre las personas que participan de sus eventos. Gainza está en campaña, y durante el mes de agosto realizó 30 festejos del día del niño. Esto no sería raro si Gainza no hubiera contado que junto a policías que son voluntarios y trabajarían en su equipo político, en cada acto les piden el DNI a las personas para hacer "filtrado de inteligencia" y como si fuera poco aclaró que lo hace de manera informal ya que no es autoridad de gobierno. Como en las épocas nefastas de los militares, pedían documentos... ¿En carácter de qué solicitaban esos datos? ¿Con qué personal policial realizaban estos actos de "inteligencia"? ¿Esta práctica repudiable contó con el visto bueno o la vista gorda del resto de la dirigencia partidaria?
 
Gainza no solo ordenó el espionaje sino que lo usufructuó políticamente en su campaña electoral, cuando intentó justificar que su accionar era para evitar a personas vinculadas al narcotráfico en los eventos de campaña, a propósito de ser interrogado por la causa "Narcomunicipio", en la que se condenó al ex intendente Sergio Varisco y en la que Gainza estuvo en calidad de imputado en el proceso. En esa investigación, se denunció la existencia de cuadernos donde se registraban los movimientos de ventas de cocaína, en el que había una transacción con una persona identificada como "Gainza" que habría adquirido un kilogramo de estupefaciente.
 
Gainza fue llamado en primera instancia por el juez Leandro Ríos a prestar declaración testimonial. Pero a la luz de otros elementos, se lo imputó y convocó a prestar declaración indagatoria, a la vez que la Policía Federal allanó su oficina. Gran parte de la información del período investigado había desaparecido de su teléfono, un aparato I-Phone que tiene un sistema de encriptado de información de muy difícil acceso. Más tarde, Ríos le declaró la falta de mérito en la causa y después lo sobreseyó. 
 

 La querella de la vicepresidenta Cristina Fernández reclama, al igual que lo hizo la propia ex mandataria, que se investigue quiénes son los autores intelectuales del intento de magnicidio, mientras que la Justicia federal se centra, al menos hasta ahora, en los neonazis autores materiales y algunos eventuales derechistas cómplices cuyo contacto con los hechos surge de conversaciones de WhatsApp.
 
Aunque aún sin pistas firmes, desde la Justicia federal insisten en que todas las líneas de investigación permanecen abiertas y en que se buscará descifrar quiénes pudieron estar por detrás de los autores del ataque fallido contra la vicepresidenta ocurrido el 1° de septiembre, un operativo político sistemático, violento, de intenciones destructivas que exceden largamente a los acusados. La derecha ya cruzó todo límite con el intento de matarla, y continúan cruzándolo cuando intentan imponer que sólo se trata de la banda de los copitos (a esta altura, una identificación risible) y son nacidos de un repollo.
 
La idea de que el ataque fue planificado por personas distintas a quienes finalmente lo ejecutaron es una de las principales líneas investigativas empujada por la querella, y así lo reveló la propia vicepresidenta el último viernes cuando alegó en defensa propia en el juicio que se le sigue por el caso conocido como "Vialidad". "Nadie puede pensar que esa banda (de autores materiales) planificó o ideó la autoría intelectual de lo que me hicieron", sostuvo Fernández de Kirchner.
 
El cuarto detenido del caso, Nicolás Gabriel Carrizo, es alguien que conocía el plan para matar a la Vicepresidenta, además de que habría aportado una pistola que no fue finalmente la que se usó en el ataque fallido. Tras su detención, se presentó para defenderlo el abogado Gastón Marano -que por entonces colaboraba también con un senador del PRO en la comisión bicameral de seguimiento de los organismos de Inteligencia-.
 
Carrizo es, al menos hasta ahora, el que podría conducir hacía los eventuales autores intelectuales del atentado fallido. En las conversaciones que ya fueron analizadas por los investigadores surgen elementos que colocan a ese imputado como alguien con ciertos conocimientos del submundo de la inteligencia, pero también de la Justicia y del accionar de las fuerzas policiales, a la vez que aparece como quien conduce a Brenda Uliarte en las horas posteriores al ataque.
 
La Opinión Popular
 

 Con buena parte de las variables macroeconómicas en proceso de estabilización, cierto nivel de paz cambiaria, política, y un puñado nada despreciable de dólares del agro, lograr que la inflación se modere está siendo un objetivo muy complejo para el ministro de Economía, Sergio Massa, porque las empresas siguen remarcando como si sus costos subieran muy fuerte.
 
Si bien en el Gobierno admiten que el alza de precios se produce por varias causas, lo que ocurrió en la primera mitad del mes de septiembre grafica que el intento de Massa de lograr que las empresas moderen las subas, no se consiguió y hay números muy preocupantes del sectores vitales, como alimentos y textiles, en el área más caliente del país, Capital Federal y el Conurbano Bonaerense.
 
Hay un hecho puntual fuerte: casi la mitad de las empresas que hace un mes se comprometieron con el ministro a moderar los precios este mes, mandaron subas de precios a los grandes supermercados y las cadenas del interior de hasta 20 por ciento, muy por encima de la inflación general y sin relación alguna con mayores costos. La referencia es para Coca Cola, que pasó aumentos del 20 por ciento que aplicará la semana próxima; y Molinos, con alzas del mismo porcentaje.
 
Las dos compañías son marcas líderes que tienen un peso muy fuerte en góndola y aplicarán esas alzas a toda su línea de productos. Ambas compañías estuvieron hace un mes reunidas con Massa y el secretario de Comercio, Matías Tombolini, y los funcionarios les pidieron que "no hagan locuras" con las remarcaciones en septiembre. No les hicieron caso.
 
En aquella mesa del "no hagan locuras" estuvieron Molinos, Arcor, Mastellone (La Serenísima), Coca Cola, Unilever, Quilmes y Procter and Gamble, entre otras. Que primero se vieron con Massa a solas y luego con Tombolini de manera individual. Molinos y Coca Cola, que subieron 20, ya habían además aumentado los precios hasta 7 por ciento en el mes.
 
En el caso de Quilmes, la empresa subió más en línea con el compromiso de no pasar los límites de precios generales, y reportó un alza de 6 puntos. Con el resto de las empresas, entre ellas Arcor, Unilever y PyG, el asunto empezó a pasar fuera de los grandes supermercados: los mayoristas y comercios de cercanía aseguran que hubo subas muy fuertes y que los porcentajes son variables.
 
Este dato no es menor: los grandes supermercados, en los que el Estado llega con controles, representan sólo el 25 por ciento del consumo general nacional. Ergo, los que no están aumentando en las grandes cadenas, lo están haciendo aún más fuerte por fuera de ellas. Pero todos incumplieron con el compromiso político, que no era congelar los precios, sino no subir por encima de los indicadores generales de inflación.